Entre la elección de Laureano Gómez y su toma de poder, la lucha política había entrado en una nueva fase. Varios grupos guerrilleros, entre los que destacaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC, comunista) actuaban en numerosas áreas rurales y urbanas del país. En respuesta, el gobierno declaró el estado de sitio y suspendió las sesiones del Congreso en 1950. Poco después de la toma de poder de Gómez, una convención del Partido Liberal declaró al gobierno ilegal, acusándolo de suprimir la libertad de expresión, de prensa y de reunión, y prometió continuar con el boicoteo de las elecciones.
En febrero de 1953 el Partido Conservador propuso una nueva Constitución cuyas consideraciones habrían impuesto en Colombia un régimen totalitario al estilo del de España bajo el mando de Francisco Franco. Los liberales y los conservadores moderados se opusieron severamente a este proyecto constitucional, y en junio de 1953, cuando una junta militar derrocó al gobierno de Gómez, ambas facciones dieron su aprobación al golpe de Estado. Se nombró al general Gustavo Rojas Pinilla como presidente provisional, con el apoyo de una Asamblea Nacional Constituyente.
En 1954 ocurrió un suceso que fue determinante para Rojas, cuando las fuerzas militares agredieron a la multitud reunida en la plaza de toros Santamaría, en Bogotá, por no vivar al presidente. Aquí comenzó el deterioro de su gestión. La Asamblea lo reeligió para un cuatrienio que empezaría en 1958, pero la tensión fue creciendo hasta el punto de que diversos sectores sociales (en especial empresarios, partidos políticos y estudiantes) presionaron para forzar la salida del dictador. La movilización culminó el 10 de mayo de 1957 con la renuncia de Rojas Pinilla en favor de una Junta Militar, que dirigió el país mientras los líderes de los partidos liberal y conservador (en particular Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez) avanzaban pactos de paz que culminaron con la instauración del Frente Nacional a partir de 1958. Durante 16 años se intercambiarían el poder presidencial, empezando con un presidente liberal y culminando con un conservador, y se establecería la plena paridad en todos los cargos públicos. El Pacto de Sitges (nombrado así porque fue en esta ciudad española donde se firmó) se aprobó en un plebiscito el 1 de diciembre de 1957.
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